El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) vuelve a poner en la diana los contratos de mascarillas adjudicados con José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes. El organismo ha dado un plazo de diez días al departamento que dirige ahora Raquel Sánchez para que remita información sobre el número total de ofertas recibidas, tanto de empresas españolas como extranjeras, para el suministro de material sanitario durante la primera ola de la pandemia de covid-19, entre febrero y abril del año 2020.
En una resolución, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el CTBG ha estimado favorablemente un recurso presentado por el abogado Ramiro Grau contra la negativa del Ministerio de Transportes y de Adif a facilitar información sobre las ofertas recibidas para el suministro de mascarillas durante aquellos tres meses, con detalles sobre la forma en que las compañías realizaban sus propuestas al Ministerio.
En esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, pero que puede ser recurrida por vía Contencioso-Administrativa por el Gobierno en la Audiencia Nacional, Transparencia insta a Adif y al Ministerio a que en un plazo máximo de diez días hábiles faciliten la siguiente información: «Ofertas que se recibieron en el Ministerio, durante los meses de febrero, marzo y abril de 2020 para el suministro de mascarillas para el covid-19, tanto por parte de empresas españolas como extranjeras, con indicación de la forma de entrada en el ministerio de las ofertas: por procedimiento administrativo, correo electrónico, etc.».
El proveedor de Ábalos
Amparándose en la Ley de Transparencia, el abogado aragonés Ramiro Grau también había solicitado al Ministerio de Transportes los informes técnicos que se elaboraron para decidir la «compra de trece millones de mascarillas a la empresa radicada en Zaragoza Soluciones de Gestión y apoyo a Empresas S.L.». Se trata de una mercantil dedicada a ejecución de proyectos en África hasta 2019, sin experiencia contrastada en el suministro de material sanitario, que facturó 53,1 millones de euros en el año 2020 gracias a los contratos covid que recibió de dos ministerios del Gobierno de Pedro Sánchez y de los ejecutivos autonómicos de Canarias y Baleares, todos ellos gobernados entonces por el PSOE.
Según consta en la resolución de Transparencia, fechada el pasado 21 de julio, tanto el Ministerio de Transportes como el administrador ferroviario denegaron la información solicitada por Grau en referencia a Soluciones de Gestión. Adif alegó que la información solicitada por el abogado figuraba en un expediente que había sido requerido por la Fiscalía Anticorrupción y entregado a la Guardia Civil, posteriormente, en el marco de las diligencias abiertas por el Ministerio Público sobre los contratos a Soluciones de Gestión. Transportes entiende que no procede dar acceso a información sobre las adjudicaciones a esa empresa hasta que se resuelva el proceso penal en curso.
El Ministerio Público investiga los contratos adjudicados por el Gobierno de Sánchez durante la pandemia a la empresa Soluciones de Gestión desde abril de 2022, a raíz de una denuncia presentada por el PP de Madrid. Las diligencias de investigación de Anticorrupción sobre los cinco contratos del Gobierno a la empresa Soluciones de Gestión siguen abiertas, según avanzó este lunes Vozpópuli y confirma la respuesta de Transportes recogida en la resolución de Transparencia.
Las mascarillas de Adif
El Ministerio de Transportes adjudicó contratos por importe de 36,7 millones de euros a esa empresa zaragozana por el procedimiento de emergencia, sin publicidad ni licitación previa, para el suministro de 13 millones de mascarillas que fueron repartidas entre los trabajadores de Adif, Correos o Puertos del Estado, entre otros organismos dependientes del departamento dirigido entonces por Ábalos.
El abogado zaragozano Ramiro Grau recurrió ante el CTBG, al entender que las diligencias de Anticorrupción no eran motivo suficiente para denegar la primera parte de la solicitud de información que había remitido al Ministerio de Transportes en referencia a los contratos covid. Transparencia le ha dado la razón.
«La primera parte de la información a la que debe dar respuesta el Ministerio se refiere al número de ofertas recibidas (por parte de empresas extranjeras o españolas) por el Ministerio y el canal de entrada, por lo que no se aprecia a priori la concurrencia de ninguna posible restricción al acceso en la medida en que no se solicita el contenido de tales ofertas», señala el CTBG al estimar el recurso de Grau.
El jurista aragonés ha ganado dos pleitos ya en primera instancia a los administradores de Soluciones de Gestión. Estos últimos le han denunciado por referirse a esa empresa, en artículos de opinión publicados en medios digitales, como el proveedor favorito de José Luis Ábalos y por poner en duda la opacidad de los contratos adjudicados a la compañía zaragozana. En ambos casos se descartó una intromisión ilegítima en el derecho al honor. Los jueces han entendido que prevalece la libertad de opinión y de expresión de Grau, cuyos artículos se referían a noticias ya publicadas en otros medios de comunicación sobre hechos veraces y de interés general.
El exministro niega vínculos
Durante la emisión de este lunes del programa Todo es mentira, en Cuatro, el exministro ha asegurado que «Soluciones de Gestión no era un proveedor habitual» de su ministerio. «Fue un proveedor en una ocasión, no es un proveedor habitual del ministerio», aseguró Ábalos sobre la empresa aragonesa. «El Tribunal de Cuentas archivó la cuestión, dejando claro que no había ningún prejuicio y que los precios estaban dentro o más bajo que en el mercado», añadió en el mencionado programa de televisión.
ALBERTO SIERRA
Publicado por The Objective (26/09/2023)
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